Se estima que la presión fiscal en Argentina se acerca al treinta por ciento del producto bruto interno, que es decir que casi la tercera parte de la riqueza que el país produce, se la queda el Estado. El gobierno no cobra los impuestos en papas o sillas o zapatos: exige que se le pague en dinero efectivo. Esa presión tiene varias consecuencias perversas. Se estima que a la población con ingresos fijos le cuesta la mitad de su salario; las empresas pierden liquidez, se descapitalizan, no invierten y se atrasan en tecnología.
Con esa carga impositiva, Argentina no puede crecer sostenidamente. La mejoría económica publicitada se debe al mercado internacional y a la distorsiva política cambiaria, que la sufre la totalidad de la ciudadanía. El crecimiento de la recaudación que informa la AFIP, es una fatal noticia.
La riqueza expropiada ha convertido al Gobierno en el ente más irracionalmente rico del país. Esa riqueza no se destina a mejorar a los excluidos: se destina a acumular dólares en el exterior, realizar obras públicas pagando el doble o el triple del precio, crear empresas públicas, derrocharla políticamente, enriquecer a los socios o favoritos e impulsar la corrupción.
La lucha contra la exclusión social debe centrarse en combatir el enriquecimiento ilícito e improductivo del Estado, para mejorar el ingreso de los asalariados y fortalecer financieramente a la empresa privada nacional.
6/9/2007
Dr. Marcelo J. Castro Corbat
Segundarepublica@fibertel.com.ar
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