En la reforma constitucional de 1994, se dispuso que “un régimen de coparticipación (de impuestos a las provincias) será establecido antes de la finalización del año 1996”. Han pasado trece años y la obligación constitucional no se ha cumplido ni tiene perspectivas de cumplirse.
Con la actual estructura impositiva se estima que el setenta por ciento de los impuestos los percibe el gobierno central y quedaría para las provincias solo el treinta por ciento. Esto es una infamia, porque toda la población del país vive en las provincias y las actividades de todo tipo se realizan en ellas. La atención de los requerimientos de la población es responsabilidad directa de las provincias, no del gobierno central y para que las provincias puedan cumplir su responsabilidad deben percibir el setenta por ciento de los recursos, quedando el gobierno nacional con el treinta.
El gobierno central es el obstáculo para cumplir con la Constitución. No permitirá que se le disminuyan los fondos que le dan poder para manejar las provincias, beneficiarse con la corrupción política y administrativa, dilapidar recursos, comprar dirigentes, entorpecer el progreso de la Nación, etc.
El régimen de coparticipación de impuestos es contra natura y perverso. El sistema impositivo vigente, genera el estancamiento del país y empobrece al pueblo. Debe rediseñarse, empezando por las normas constitucionales.
04/09/2007
Dr. Marcelo J. Castro Corbat
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