Gobierno rico y exclusion social

Se estima que la presión fiscal en Argentina se acerca al treinta por ciento del producto bruto interno, que es decir que casi la tercera parte de la riqueza que el país produce, se la queda el Estado. El gobierno no cobra los impuestos en papas o sillas o zapatos: exige que se le pague en dinero efectivo. Esa presión tiene varias consecuencias perversas. Se estima que a la población con ingresos fijos le cuesta la mitad de su salario; las empresas pierden liquidez, se descapitalizan, no invierten y se atrasan en tecnología.
Con esa carga impositiva, Argentina no puede crecer sostenidamente. La mejoría económica publicitada se debe al mercado internacional y a la distorsiva política cambiaria, que la sufre la totalidad de la ciudadanía. El crecimiento de la recaudación que informa la AFIP, es una fatal noticia.
La riqueza expropiada ha convertido al Gobierno en el ente más irracionalmente rico del país. Esa riqueza no se destina a mejorar a los excluidos: se destina a acumular dólares en el exterior, realizar obras públicas pagando el doble o el triple del precio, crear empresas públicas, derrocharla políticamente, enriquecer a los socios o favoritos e impulsar la corrupción.
La lucha contra la exclusión social debe centrarse en combatir el enriquecimiento ilícito e improductivo del Estado, para mejorar el ingreso de los asalariados y fortalecer financieramente a la empresa privada nacional.

6/9/2007

Dr. Marcelo J. Castro Corbat
Segundarepublica@fibertel.com.ar

Gobierno rico y provincias mendigas

En la reforma constitucional de 1994, se dispuso que “un régimen de coparticipación (de impuestos a las provincias) será establecido antes de la finalización del año 1996”. Han pasado trece años y la obligación constitucional no se ha cumplido ni tiene perspectivas de cumplirse.
Con la actual estructura impositiva se estima que el setenta por ciento de los impuestos los percibe el gobierno central y quedaría para las provincias solo el treinta por ciento. Esto es una infamia, porque toda la población del país vive en las provincias y las actividades de todo tipo se realizan en ellas. La atención de los requerimientos de la población es responsabilidad directa de las provincias, no del gobierno central y para que las provincias puedan cumplir su responsabilidad deben percibir el setenta por ciento de los recursos, quedando el gobierno nacional con el treinta.
El gobierno central es el obstáculo para cumplir con la Constitución. No permitirá que se le disminuyan los fondos que le dan poder para manejar las provincias, beneficiarse con la corrupción política y administrativa, dilapidar recursos, comprar dirigentes, entorpecer el progreso de la Nación, etc.
El régimen de coparticipación de impuestos es contra natura y perverso. El sistema impositivo vigente, genera el estancamiento del país y empobrece al pueblo. Debe rediseñarse, empezando por las normas constitucionales.

04/09/2007
Dr. Marcelo J. Castro Corbat
segundarepublica@fibertel.com.ar