La Constitución Nacional dispone que se garantice a cada provincia el ejercicio de sus instituciones, si asegura la educación. Si no lo hace, el Congreso puede disponer la intervención federal a la provincia.
Cerca de la mitad de las provincias argentinas sufren la paralización de sus sistemas educativos, agravada por la decisión del Ministro de Educación Nacional de disponer arbitrariamente ajustes salariales. Casi la totalidad de las otras, atraviesan problemas de ineficiencia y falta de respeto a los docentes.
No es aceptable creer que todos los gobiernos provinciales son ineptos. El fondo del problema es que el gobierno federal recauda el 70% de los impuestos y las provincias carecen de recursos para educación.
El Congreso no hace nada y el Ejecutivo Nacional no permite que se modifique el sistema de “caja” que alimenta su poder político. Aunque suena raro, también habría que intervenir al Ministerio de Educación Nacional, ineficiente, burocrático, politizado e incapaz de ordenar la educación universitaria, que como dice el actual Rector de la UBA, es un caos.
La inversión en educación es vital para el pueblo y el país; y es a largo plazo. Las provincias deben cubrir integralmente el servicio social de educación y deben disponer de los recursos necesarios.
7/5/2007
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