Desde 2002, la política del gobierno ha empobrecido al setenta por ciento de la población del país, con muchos de ellos en la indigencia. Como contrapartida, enriqueció inmoralmente a una exigua minoría. La política socialmente distorsionante se mantiene y la calamidad persiste. Los índices aritméticos de crecimiento económico son una ficción de cara al empobrecimiento de la mayoría del pueblo. El gobierno dispone aumentos de sueldos que rápidamente son anulados por la inflación y regula tarifas y precios que generan corrupción y desabastecimiento. El país es prisionero de la irracionalidad, la corrupción política y de ideologías perimidas.
Los tres poderes del Gobierno federal tienen la responsabilidad social de corregir la depredación a que se somete al pueblo. Con la perversa autocracia instalada por el Presidente y sus subalternos, no es esperable que los otros dos poderes cumplan con sus responsabilidades.
El autócrata comete aberraciones con la bandera de los derechos humanos, reavivando la guerra civil que sufrió el país, aunque la inmensa mayoría ciudadana ya ha superado la tragedia. Pero el autócrata desatiende el primer derecho humano, que es cubrir las necesidades básicas del pueblo. Como pasó con todas las autocracias, el pueblo la expulsará. Es cuestión de tiempo.
13/2/2007
Dr. Marcelo J. Castro Corbat
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