CRIMEN POLÍTICO ORGANIZADO
En las elecciones de Misiones, el Gobierno Provincial violó el sistema representativo republicano distribuyendo comida y plata a los votantes, haciendo votar a muertos, presionando a parte de la población, pagando a paraguayos para que voten, falsificando documentos públicos, prohibiendo a policías concurrir a misa y generó riñas. El Gobierno Nacional aportó irregularmente fondos para comprar voluntades y sostener a su aliado. Estos hechos, de difusión pública conforman una estructura de crimen político organizado o asociación ilícita, que no puede quedar en la impunidad.
Los fiscales o los jueces tienen la obligación de investigar de oficio los delitos informados por la prensa y conocidos por todo el país. Si no lo hacen, el Consejo de la Magistratura debe sancionarlos por incumplimiento del deber de funcionario público. Si el Consejo no lo hace, debe ser sancionado por la Cámara de Diputados o la Corte Suprema provincial, y finalmente si estos organismos no lo hacen, corresponderá recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación o los tribunales internacionales. Además cualquier ciudadano puede presentar una denuncia, que las autoridades judiciales deben investigar.
Es inadmisible que resquicios legales otorguen impunidad a los delincuentes.
1/11/2006
Dr. Marcelo J. Castro Corbat
segundarepublica@fibertel.com.ar
En las elecciones de Misiones, el Gobierno Provincial violó el sistema representativo republicano distribuyendo comida y plata a los votantes, haciendo votar a muertos, presionando a parte de la población, pagando a paraguayos para que voten, falsificando documentos públicos, prohibiendo a policías concurrir a misa y generó riñas. El Gobierno Nacional aportó irregularmente fondos para comprar voluntades y sostener a su aliado. Estos hechos, de difusión pública conforman una estructura de crimen político organizado o asociación ilícita, que no puede quedar en la impunidad.
Los fiscales o los jueces tienen la obligación de investigar de oficio los delitos informados por la prensa y conocidos por todo el país. Si no lo hacen, el Consejo de la Magistratura debe sancionarlos por incumplimiento del deber de funcionario público. Si el Consejo no lo hace, debe ser sancionado por la Cámara de Diputados o la Corte Suprema provincial, y finalmente si estos organismos no lo hacen, corresponderá recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación o los tribunales internacionales. Además cualquier ciudadano puede presentar una denuncia, que las autoridades judiciales deben investigar.
Es inadmisible que resquicios legales otorguen impunidad a los delincuentes.
1/11/2006
Dr. Marcelo J. Castro Corbat
segundarepublica@fibertel.com.ar
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