Para que un grupo humano pueda alcanzar sus objetivos se requiere el control del cumplimiento de las responsabilidades de cada uno de sus miembros. Esta verdad básica es inexorable en la organización de la sociedad. En Argentina se ha remplazado el deber de responsabilidad por el de derecho sin obligaciones y ha desaparecido el control institucional. El Poder Ejecutivo no está controlado ni por el Congreso, ni por las provincias, ni por la ciudadanía. El Congreso no está controlado por el Poder Judicial ni por la ciudadanía. El Poder Judicial es dependiente del Poder Ejecutivo. Los organismos estatales y paraestatales, y los partidos políticos, sindicatos, UBA, educación, sanidad, corrupción, Ministerios, obras sociales, etc. están fuera de control. No importa que existan leyes o decretos para controlarlos: no se cumplen o se desvirtúan.
La esperanza que queda, es producir los cambios institucionales necesarios para que la ciudadanía tenga el derecho a intervenir en el control del aparato estatal y de sus funcionarios. Las votaciones periódicas se han convertido en una corrupción política que no representa al pueblo. La autocracia y violaciones constitucionales, impiden la democracia, la armonía social y la prosperidad del pueblo.
26/4/2006
Dr. Marcelo J. Castro Corbat
segundarepublica@fibertel.com.ar
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