La lamentable reforma constitucional de 1994, que ratificó la de 1957, alteró principios básicos institucionales. El gobierno nacional ya no es representativo del pueblo sino de los partidos políticos, ya no es republicano sino autocrático, y ya no es federal sino centralista. Con la actual estructura institucional, el Gobierno Federal anula la división de poderes, domina las provincias y municipalidades, dispone sobre la vida y actividades de los habitantes de todo el país y para sostenerse arma una red de corrupción política y económica que penetra y destruye la cultura social.
Nuestra Carta Magna está viciada, y carece de mecanismos de defensa contra los abusos de los que detentan el poder. En los términos actuales, no tiene mayor importancia quien es el jefe del Estado; el poder absoluto está a su disposición, tanto en medios económicos como en instrumentación política o institucional. Las facultades constitucionales otorgadas, los resquicios legales y las interpretaciones jurídicas le permiten actuar sin obstáculos.
Un país sin orden institucional, inexorablemente se derrumba. El primer paso es eliminar del Art. 30 la exigencia - de resultados impredecibles - de la Convención constituyente para reformarla, remplazándola por enmiendas puntuales que deben ser aprobadas por las provincias o por la ciudadanía.
Restaurar el poder y control ciudadano es un requisito fundacional.
16/11/2007
Dr. Marcelo J. Castro Corbat
segundarepublica@fibertel.com.ar
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