La ley de emergencia 23.681 establece un impuesto del 6 por mil sobre las tarifas de electricidad a los consumidores de todo el país. El producido se destina a la empresa provincial de Servicios Públicos de Santa Cruz para que realice inversiones en el sector eléctrico y reducir las tarifas que aplica a sus usuarios de electricidad. Rige desde 1989 y durará hasta la interconexión con el Sistema Interconectado Nacional.
Lo absurdo de este impuesto es que la Provincia de Santa Cruz es una provincia rica, que es subsidiada por las provincias pobres, que además le pagan regalías petroleras por el consumo de combustibles. También lo pagan los pobres, indigentes que pululan en las villas miserias y la clase media empobrecida, en los consumos que requieren electricidad para su producción. Todo el pueblo lo sufre.
Mas absurdo es que la provincia de Santa Cruz, recibió cientos de millones de dólares del Gobierno Central por un ajuste de regalías y que su gobernante, el Dr. Kichner los invirtió en el exterior en lugar de invertirlos para concretar la interconexión provincial.
Todo es un pacto político ilegítimo.
7/4/2006
Dr. Marcelo J. Castro Corbat
segundarepublica@fibertel.com.ar
N.B.: se autoriza su difusión.
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