La destrucción de la producción de combustibles en Argentina, es el resultado inevitable de las erróneas decisiones del Gobierno Nacional.
Para evitar la suba del precio del gas a la población, el Gobierno fijó un precio a la producción nacional que equivalía a la tercera o quinta parte del que paga por el importado. Resultado: cayó la producción, la inversión en exploración, y creció la importación que para el año 2012 se estima en 12.000 millones de dólares. Es irracional.
La crisis energética la anunciaron todos los conocedores de la actividad, salvo el Gobierno, el Ministerio de Planificación y el Organismo de Control. La incapacidad e irresponsabilidad de los funcionarios debe sancionarse.
Siendo el Gobierno incapaz de organizar el Control de las productoras de petróleo y gas, es un desvarío esperar que pueda organizar y dirigir una empresa productiva, cuya estructura requiere décadas de trabajo e investigación para ser eficiente.
YPF, siendo Estatal, se comentaba que era la única petrolera del mundo que daba pérdidas; tenía mas de 54.000 empleados, debía importar para cubrir las necesidades del país y era una cueva de corrupción. Cuando se privatizó, disminuyó el personal en más de 40.000 empleados, el país se autoabasteció y pudo exportar. La expropiación y reestatización la volverá a aquellos parámetros. El día de la expropiación un disparatado trascendido del Gobierno informó que ese día había crecido la producción de hidrocarburos.
YPF tiene el 30% del mercado, y el Estado le expropió a Repsol el 51% de las acciones para manejarla, sin tener recursos financieros a largo plazo para aumentar su actual producción, por lo cual decidió recurrir a los fondos de los jubilados en el ANSES, violando sus derechos constitucionales porque al Estado argentino nadie le presta. Con ello mejorará solo el 30% del mercado porque el 70% es de empresas internacionales que solo se involucrarán si se modifican las condiciones de precios y operativas o si se las expropia. El 51% fue expropiado con argumentos amañados en resquicios legales y es una violación de la Constitución Nacional por el Congreso.
El Gobierno creó hace siete años la petrolera ENERGÍA ARGENTINA S. A. (ENARSA) para explorar y extraer hidrocarburos en el Mar Argentino. Hasta ahora nada pasó, mientras en Malvinas ya están produciendo. En Venezuela, con PDV SA, informan que han explorado y encontrado petróleo. Es el “Reino del revés” y el Gobierno del absurdo.
YPF ha sido transformada de una empresa productiva en un instrumento político, como lo son Aerolíneas Argentinas, Enarsa, los ferrocarriles, AySA, los subterráneos, etc., cuyas pérdidas son un escándalo público que debe soportarlas toda la ciudadanía aunque no use sus servicios. El nuevo Director Ejecutivo, sobre el que se han generado tantas esperanzas, debe comprender que su dificultosa misión no será mejorar la eficiencia, controlar costos, producir y tener resultados positivos de explotación, sino navegar en un contexto político de autoridades del Gobierno Federal, Diputados, Senadores y Gobernadores provinciales, cada uno con su librito y objetivos personales, para lo cual no se sabe si está capacitado.
Lo perverso de la política del gobierno es que sustenta su decisión en patrioterismos de baja estofa, como que el petróleo es nuestro; que debe manejarlo el Estado (ineficiente y corrupto que costó al pueblo miles de millones de dólares en importaciones y le seguirá costando); que ratifica la soberanía económica y que crea una paralizante cultura política estatista y socializante con mentiras y deformaciones que llevará años revertirla. El Gobierno debería reorganizar el Organismo de Control exigiéndole cumplir con su deber y eliminar el Ministerio de Planeamiento, que ha demostrado su incapacidad e ineficiencia en todo lo que interviene y una potencialidad de corrupción inéditas en el país.
La ignorancia y el desorden mental del Gobierno presumen que con la expropiación y la designación como Jefe Ejecutivo de un destacado profesional, de un día para otro arreglará los problemas, como si se cambiara un traje. Las perspectivas de la expropiación son: que la población deberá seguir pagando millones de dólares por importaciones, millones de dólares por indemnizaciones, la suba del precio del gas a la población y las industrias, y las falencias en el aprovisionamiento del servicio.
Dr. Marcelo Castro Corbat
Centro Segunda República
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