Hace unos días, un diario informó que en una importante provincia, el ausentismo en la policía por prescripción médica rondaba el 20% de los efectivos. Si es así, no debe extrañar el aumento de la delincuencia. En otra provincia, un gobernador, ante el mismo problema, dispuso que las ausencias de los maestros debían ser cubiertas por los directores de las escuelas, sin designar suplentes pagos en su reemplazo; el Ministro de Educación, reconocido intelectual, aunque un zopenco en la dirección del servicio y la administración de recursos siempre escasos, se oponía.
Esas anomalías no son exclusivas de esos sectores. Se repiten en la administración nacional, provincial y municipal, que suman varios millones de empleados públicos. La contestación clásica por la ausencia de los funcionarios de sus oficinas es: “está reunido con el Ministro”. El requisito constitucional de idoneidad para ser empleado público es violado.
El envilecimiento y la corrupción se expandieron en la década del 40, con el eslogan de la Justicia Social y generaron la pobreza del pueblo, lo que continuó con los gobiernos políticos y “de facto” hasta el año 2012.
El gobierno actual ignora grotescamente la ineficiente y envilecida administración estatal; debe reestructurarse para ser útil al país, lo que requiere apoyo ciudadano y trabajar en su ordenamiento no menos de 10 años.
Dr. Marcelo Castro Corbat
Centro Segunda República
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