La guerra civil sufrida por nuestro país se inicia antes del año 1970, y termina después de 1980 en que el gobierno aniquiló la subversión. Durante el gobierno de Lanusse, el ejército revolucionario cometía sistemáticamente asesinatos a traición de personas que no compartían sus ideas. Esto obligó a custodiar celosamente a Cámpora, candidato a Presidente, para evitar que fuera asesinado. La llegada de Perón fue un baño de sangre que lo obligó a aterrizar en un aeródromo militar. Perón, Presidente constitucional, expulsó de Plaza de Mayo a los revolucionarios hablando detrás de una vidriera antibalas; cambiaba todos los días su camino a la Casa Rosada. Isabel Perón ordenó aniquilar a los revolucionarios, lo que fue refrendado por todos los miembros de su gabinete y políticos.
Los presos políticos que hay en nuestro país, cuyo número tiende a aumentar, son personas que cumplieron las órdenes de la Presidencia de la Nación, combatiendo la subversión. Los excesos cometidos son propios de estas guerras, como pasó en Argelia. Lo maligno es que no estén presos los que desencadenaron la guerra civil, lo que significa la aparición en el país de presos políticos, prohibidos por la Constitución y tratados internacionales. Hay que olvidar las tragedias de la guerra civil y no reavivarlas.
Los derechos humanos son una justificación perversa de los presos políticos.
7/7/2005
Dr. Marcelo J. Castro Corbat
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Centro Segunda Republica
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