Los diarios informan al país y al Gobierno federal que hay 5.000.000 de chicos que han interrumpido sus estudios por el conflicto salarial existente entre gobiernos provinciales y docentes. Además de ser un bochorno nacional, es la destrucción del futuro de los chicos, de Argentina y de sus habitantes. Episodios análogos se vienen repitiendo, trágicamente, año tras año.
Es sabido que algunos gobiernos provinciales, así como el nacional, están embarcados en un proceso de despilfarro de los dineros públicos con el consiguiente porcentaje de corrupción, agravado en este período electoral. No es aceptable que se prioricen gastos electorales sobre la inversión en educación. No tiene perdón.
La Constitución Nacional (Art. 5) establece que “el Gobierno Federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”, con la condición que “asegure la educación primaria” La sanción a su incumplimiento es la intervención federal (Art. 75 inc. 31) No hacerlo es aceptar la violación constitucional por las provincias, y que el Gobierno federal viole también la Constitución incumpliendo su obligación.
El gobierno no valoriza la educación ni cumple con la Constitución, si no le produce rédito político. Dilapida el capital humano.
2/8/2005
Dr. Marcelo J. Castro Corbat
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