Millones de jubilados en el sistema estatal de reparto, que cobran importes menores a los $ 1.000 mensuales, han caído en la indigencia, o en la pobreza. Los pagos adicionales que decreta el Gobierno no llegan a cubrir el deterioro de sus haberes producido por la devaluación y la inflación. Los que cobran importes mayores no reciben ninguna compensación del aumento del costo de vida, y lentamente, están incorporándose a los pobres o caen en su nivel de vida. La situación es infame.
Los jubilados a los que se les liquida incorrectamente su jubilación deben recurrir a la Justicia, lo que ha generado cientos de miles de demandas, que han colapsado los tribunales. Las sentencias requieren años y cuando quedan firmes, debe iniciarse la peregrinación de trámites administrativos para su cobro, habiendo casos en que la Administración no cumple las sentencias usando mecanismos burocráticos.
El sistema estatal de reparto está quebrado. El déficit que produce seguirá aumentando y generará mayores impuestos al pueblo. Los países que lo implantaron tienden a eliminarlo. En Argentina deben respetarse los derechos jubilatorios adquiridos, pero es inevitable eliminar el sistema, para no seguir estafando al pueblo.
30/6/2005
Dr. Marcelo J. Castro Corbat
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Centro Segunda Republica
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2 comentarios:
Buen blog. Próximamente te agrego
Éxitos
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