Para superar el conflicto entre el Gobierno nacional y el campo, la presidenta se comprometió a que el excedente del 35% que el Estado retenía a las exportaciones de soja antes de la creación de las retenciones móviles, sea destinado a un plan social para invertir en hospitales, viviendas y caminos rurales en todo el país. Se estima una inversión de 800/1.300 millones de dólares anuales; el destino sería dispuesto por el Ministro de Planificación y administrado por las provincias.
El plan será un fracaso más, creado por el Gobierno federal. El Estado nacional es un organismo enfermo, lo que lo incapacita para decidir que es lo necesario para el país. Su ineficiencia hace imposible que sepa cuales son las urgencias, la corrupción acompañará a las decisiones, la nefasta política electoralista tendrá preeminencia, los gobiernos provinciales no están organizados para administrar el proceso de inversión, y se anulará la inversión del sector productivo en equipamiento y tecnología. Se dan palos de ciego.
La política social y económica del Gobierno está en un callejón sin salida, y no puede cambiarla porque sería reconocer sus graves errores, con un efecto traumático. Desgraciadamente la herida a la sociedad parece inevitable.
En el Decreto que establece el plan, se repite que es un “programa de redistribución social”. Solo producirá el aumento y distribución de la pobreza.
17/06/08
Dr. Marcelo Castro Corbat
segundarepublica@fibertel.com.ar
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